En octubre de 2018, el Gobierno anunció que subiría un 22% el salario mínimo interprofesional (SMI) a partir del 1 de enero de 2019, desde los 735,9 euros al mes en los que estaba fijado entonces, hasta los 900 euros. Aquella decisión pilló por sorpresa a muchas empresas, obligándolas a rehacer sus cuentas. Ese comportamiento de las firmas, por su carácter improvisado, es objeto de análisis en el estudio Firm-Level Employment Dynamics and Minimum Wages: Evidence from Spain (Dinámica del empleo a nivel de empresa y salario mínimo: Datos de España) elaborado por Fedea, que refleja cómo esos 164,1 euros extra impactaron principalmente sobre aquellas empresas con entre 1 y 5 trabajadores. El documento señala que muchas de ellas se vieron forzadas a despedir como medida de ajuste, mientras que aquellas con un tamaño superior recurrieron a la parcialidad y a la reducción de horas.
