La Fiscalía solicita penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión para los diez acusados de formar un grupo criminal para alquilar viviendas en Barcelona utilizando documentación falsa, reformarlas sin conocimiento ni consentimiento de los propietarios para aumentar el número de habitaciones y subarrendarlas como pisos turísticos o compartidos pese a no tener licencia para ello.
