La incertidumbre que rodea la renovación del convenio de Muface afecta a todo tipo de funcionarios. El grupo más numeroso son los profesores de la escuela y la universidad públicas (dos de cada tres mutualistas), pero también atañe a policías nacionales, inspectores de educación… y al colectivo de servidores públicos más poderosos: los que pertenecen a los cuerpos superiores de la administración civil del Estado: inspectores de Trabajo y de Hacienda así como abogados e interventores del Estado. Este colectivo de altos funcionarios ha denunciado “la profunda ideologización” del debate sobre el futuro de este tipo de concierto sanitario, que permite a 1,5 millones de empleados públicos y familia escoger cada año si quiere educación y aseguran que, en caso de que se deje caer el modelo, el tiempo de espera en las listas de espera de la sanidad pública “se va a duplicar”.
