Cambiaban los intérpretes, y sonaba de todo: jazz, rock, pop, flamenco. Pero, en miles de conciertos por toda España, la Seguridad Social ha detectado el mismo desafino: un presunto fraude que ya suma al menos 19,3 millones de euros. Son los que le reclama la Tesorería General a la empresa Actura 12, por infracotizar de forma reiterada a miles de artistas. Y, ante la imposibilidad de cobrarlos, ha embargado los ingresos que la empresa tenga pendientes de recibir hasta satisfacer la deuda, según una notificación remitida a finales de diciembre a organizaciones y músicos que fueran a realizar pagos a la compañía, a la que tuvo acceso EL PAÍS. El documento avisa a sus destinatarios de que envíen el dinero a la propia Seguridad Social. Lo mismo que solicitaba otro mandamiento, del pasado abril, en ese caso por 4,5 millones. Así que la cantidad se agranda, igual que el ruido del caso, que ha llegado hasta los oídos de la Fiscalía provincial de Barcelona (donde está afincada la empresa): ha abierto una investigación, como confirmó una fuente del organismo a EL PAÍS, por un posible delito penal.
