El 6 de mayo de 2025 amaneció distinto para Ahmed Tommouhi, un vecino marroquí de Sant Pere de Riudebitlles, Barcelona, que reza cada día antes de que salga el sol. Era martes y por primera vez en los últimos 34 años, el Estado no lo consideraba un violador. Un día antes, el Tribunal Supremo había anulado la tercera y última de las condenas por violación por las que pasó 15 años en la cárcel. “Pero no estoy contento”, dijo. “Me quitaron una condena, luego otra, y ahora otra. Pero falta algo”, añadió, recordando la indemnización que en abril la Audiencia Nacional le había denegado por la anterior condena revocada. Tommouhi, que cuando lo detuvieron en 1991 trabajaba de albañil y tenía permiso de residencia, no ha vuelto a trabajar desde que en 2006 salió de la cárcel sin papeles. Hoy tiene 74 años. “¿Cómo voy a vivir; quién me va a dar de comer?”, se preguntaba aquel martes en un parque del pueblo. “Esto no es propio de ningún país. Me condenaron siendo inocente y ahora me han abandonado. Y ahí sigo yo, gritando”.
